Durante mi primer año de vuelta en Murcia caí en la temeridad de prepararme unas oposiciones para la educación secundaria, pero mayor fue la de defender ante mis compañeros, desquiciados opositores, el derecho de que cada comunidad exigiera, si así lo deseaba, el manejo de la lengua propia aunque sin duda se tratara de un freno de cara a opositores externos que no tenía correspondencia (venganza) constitucional dentro de las regiones monolingüísticas. Por algo algunos han venido a llamar al sistema de autonomías, forma de estado federal asimétrico (supongo que eso de asimétrico, si bien es verdad, puede llevar consigo un rintintín poco racional y desde luego injusto para una población que cuenta en su propio acervo cultural con, entre otras cosas, una lengua propia).
Después vino lo del trasvase que no era un trasvase, pero que sí lo era, para Barcelona; y claro ahí estaba yo esforzándome por hacer entrar en razón a mis resecos congéneres que, como no podía ser de otro modo, exigían que alguien reparara la ofensa a su honor. Este tema, esta discusión, ha sido una constante en mi vida aquí durante los últimos dos años y medio y no es que no me guste hacer de abogado del diablo, pero pienso que en todos los casos tenía una pizca de razón.
Pero llegó la semana pasada, y he leído que en Cataluña se proponen endurecer las multas y la persecución de aquellos empresarios (piensen por un momento en los pequeños empresarios, panaderos, carniceros...) que no rotulen sus precios en catalán, la medida también incluye obligar a responder a los clientes en catalán si es la lengua en la que se le consulta al tendero. Este hecho se me antoja terrible. Y no lo dice cualquiera, muchas veces he ninguneado la legitimidad de un Estado centralista en una realidad como la española. ¿Que dónde está la diferencia en esta ocasión? Pues en que si quieres ser profesor, por ejemplo, aprendes catalán, pero no se puede exigir a nadie dejar de ser lo que se es. Este tipo de iniciativas no sólo suponen pérdidas para el comerciante que tiene que hacer una "pequeña" inversión, seamos realistas no estamos en el mejor momento para ello, es sobre todo una negación de la identidad.
De los tres conceptos más extendidos de lo que es Nación: legal (quien dice la ley), cultural (quien se cree de un lugar) y política (quien cumple unos requisitos y cualidades); en Cataluña se están acercando a esta última. Pues, aun desde la hipótesis y la idealización, trabar el desempeño comercial de una persona por sus raíces, educación y, en definitiva, su ser es negarle el Pan y la Tierra; es negar su pertenencia al lugar en el que ya está y a saber desde hace cuánto tiempo.
No quiero caer en el amarillismo ni en el catastrofismo, no va conmigo, pero adjunto unos extractos del ABC y La Vanguardia de los años treinta. Creo que son documentos interesantes, sobre los que se puede reflexionar aunque no se compartan mis ideas. No creo que se esté dando una situación comparable, pero a mí me lo recordó. Por algo será.
La Vanguardia (13/08/1935)
ABC (26/01/1936)
La Vanguardia (09/02/1937)Por cierto, si alguien sabe de derecho constitucional que me explique cómo se puede llegar a esto leyendo los artículos 148 y 149 que dirimen las competencias de las comunidades y el Estado. Le estaré eternamente agradecido, porque yo no lo veo por ningún sitio.
